La Región es de las comunidades que más castiga a nuestros universitarios con las segundas matrículas
Un año de muchas elecciones nos ha dejado a todos un instinto “básico” para identificar la batería de medidas que propuso cada partido. Si les digo “revisar el sistema de becas”, “tarjeta sanitaria única”, “elevar el salario mínimo” o “prisión permanente revisable” rápidamente sabrán el partido de la que proviene. ¿Y si digo “ley de Segunda Oportunidad”? ¿Sabrían de qué les hablo? ¿Quién la propuso?
Ciudadanos, el mismo que gobierna en coalición en la Región de Murcia y ostenta las competencias en Universidades, apostó por una Ley de Segunda Oportunidad que garantizara que “las familias, autónomos o empresarios que lo han perdido todo puedan volver a levantarse, sin verse ahogados por unas deudas que nunca podrían llegar a pagar”. Una idea noble pero de aplicación complicada. Imaginen toda la burocracia necesaria que sea garantista y, puestos a pedir, ágil…
Sin embargo no todos estamos reconocidos en esa una segunda oportunidad. Por ejemplo, los estudiantes universitarios. En la Región de Murcia suspender una asignatura supone que, la siguiente vez que te matricules, te costará el doble. Sin duda parece un incentivo para aprobar a la primera. Pero, ¿y las circunstancias sobrevenidas y personales de cada uno? ¿Qué pasa con los estudiantes que deben estudiar y trabajar? Entran en un ciclo de trabajar para pagar los estudios y suspender por no dedicarle tiempo suficiente a estos del que parece imposible salir. Y un nuevo suspenso será más caro aún. ¿Merecen ellos también una segunda oportunidad? ¿No parece suficiente sanción que el sistema de becas no asuma estas segundas matrículas? Estamos precarizando a nuestro estudiantado.
Vamos con las soluciones. La primera de ellas parece evidente: rebajar el coste del precio de la segunda matrícula. ¿Más opciones? La reducción del precio de las asignaturas examinadas en enero en las que no se haya impartido docencia, pagando únicamente una tasa de examen. Ambas opciones ofrecen una segunda oportunidad fácil de aplicar y que beneficiará a muchos estudiantes.
Si preguntamos en la Consejería el objetivo parece ser que nada cambie, aquello que tanto oímos en 2019: “hay ser corresponsables”. Una forma bonita de decir que no, que nada cambiará. Que las promesas se pueden olvidar cuando no interesen o cuando el cargo lo ocupa un “independiente”, una persona distinta de la que en su día se comprometió. Parece una buena ocasión para interpelar al consejero Miguel Motas y a la directora general Josefina León. Ojalá ser corresponsables significara otra cosa. Y, sobre todo, ojalá tener segundas oportunidades.
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Aarón Francisco Viveros, estudiante de Medioambientales, Iván García, presidente de FEMAE y Borja Moreno Presidente del Consejo de Estudiantes nos hablan de los jóvenes y la defensa del Mar Menor
2011 fue un año complejo. A nivel
académico se empezaban a implantar los grados universitarios que
sustituían a las diplomaturas y licenciaturas. Empezábamos, al parecer, a
converger en el Espacio Europeo de Educación Superior. A nivel
político, económico y social, la crisis no dejaba indiferente a nadie. Y
con ese cuadro de la situación, el Gobierno de la Comunidad autónoma
decidió sobrecargar el precio de la educación universitaria en las
familias. Concretamente desde el año 2009 hasta el 2013 subió el precio
del crédito, año tras año. Cada consejero parecía hacer bueno al
anterior.
De los 13,65 euros
que costaba, de media, el crédito universitario a los 15,58 euros que
cuesta ahora han pasado ocho años. El coste de la matrícula se va
engrosando conforme sumas asignaturas y créditos. Cada curso son sesenta
créditos. Si hacemos las cuentas una matrícula universitaria cuesta,
con precio medio de crédito, 115,80 euros más ahora que en 2011. Si
además revisamos, podemos ver que 2009 la tasa de expedición de título
costaba 123,98 euros y actualmente cuesta 215 euros. Éste ha aumentado
un 75% desde 2009. Es necesario señalar que es imprescindible abonar esa
tasa para obtener el título.
En
el curso 2014/2015 entra en juego PAS que estrenó la tendencia que se
ha seguido hasta ahora: mantener la misma cuantía del curso anterior.
Esta feliz ‘frenada’ en el aumento de los precios públicos no duraría
mucho. Si bien no ha cambiado el precio del crédito, desde el curso
siguiente se subió la tasa de expedición de título de 205,47 euros a 215
euros pasando a ser la segunda tasa más alta entre todas las
Comunidades autónomas, por detrás de Cataluña. Así nos hemos mantenido
hasta el momento. Nada ha cambiado en la ‘nueva’ orden de precios
públicos que saldrá calcada a la del año anterior. Harán caso omiso otra
vez de cualquier queja que se le formule antes de llegar a su
aprobación en Consejo de Gobierno.
Los
estudiantes de las Universidades públicas, en las recientes elecciones,
obtuvimos un compromiso firmado por los candidatos de todos los
partidos (excepto Vox) de revisar esos precios. El Gobierno actual ha
mostrado nula voluntad de modificar esa orden. Ni siquiera un guiño al
compromiso adquirido. Hemos hecho los cálculos de lo que costaría. Unos
200.000 euros en un presupuesto de 205 millones. Quizás no quieran
hacerlo porque implicaría hacer algo que a esta Comunidad autónoma le
cuesta mucho trabajo: dotar de mayor presupuesto a las Universidades
públicas. No olvidemos que estas son motor de conocimiento, empleo y
riqueza. Habría que replantearse cómo las tratamos.
Casi treinta años han pasado desde que
todas las Escuelas de Enfermería de España se integraron en sus
respectivas universidades. ¿Todas? Salvo la Escuela de Enfermería de
Cartagena. Ya se hace difícil mirar atrás y preguntar qué pasó para que
Cartagena fuera la excepción. ¿Es tan difícil este proceso? Doce años
han pasado del acuerdo entre la Comunidad Autónoma y la Universidad de
Murcia para transferir la Escuela de Enfermería de la ciudad portuaria. Y
si bien la historia no nos lo aclara, los continuos intentos de aportar
algo de cordura a esta situación tampoco han logrado sus frutos. Y es
que los estudiantes hemos tenido ‘mala suerte’. Cada vez que la
situación parecía encauzarse, sucedía algo.
En 2007, siendo Cobacho
rector, se firmaba el convenio que traspasaba la Escuela de una
consejería a otra, supuestamente, como paso previo a la integración
definitiva en la Universidad de Murcia. Si bien esto sucede, se agota la
legislatura sin una solución. En 2011, ni Valcárcel ni Garre
lo solucionaron. En 2015, nuevo Gobierno, distintas caras, pero mismo
resultado. Se promete la construcción del centro en el patio del antiguo
colegio Antonio Arévalo y en esta legislatura la única sorpresa fue el
relevo de PAS por López Miras. A día de hoy seguimos sin solución.
Entre cada Gobierno han ido y venido también distintos equipos rectorales. Orihuela
se comprometió a dejar el asunto zanjado. Terminó Orihuela y la Escuela
sigue allí, en un almacén adaptado del aparcamiento del Hospital del
Rosell. Tampoco estaría de más preguntar a Ballesta qué sucedió, durante su paso por el Gobierno regional, para no dar solución a la Escuela de Cartagena. Ahora le toca a Luján ‘achuchar’ al Gobierno regional para no acabar, un curso más, en la incertidumbre.
Y
es que parece evidente el mal querer que demostramos hacia la Escuela
de Enfermería de Cartagena y hacia sus estudiantes. Estudiantes que,
para ir a tutorías, deben ir a despachos de profesores que están a dos
kilómetros de su centro (si puede llamarse así). Centenares de
diplomados y graduados a los que se les ha prometido año tras año una
solución definitiva. Esos estudiantes han terminado y otros han venido.
Y
sólo nos queda el lamento de ver que no parece haber nadie en el poder
que resuelva este conflicto. Es hora de reconciliarnos con la Escuela de
Enfermería de Cartagena y poner solución a esta situación que ha durado
ya demasiado.
El nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU, Borja Moreno, plantea bonificar «el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula» y hacer «cero prácticas extracurriculares sin remuneración económica».
Borja Moreno felicitado por el rector Luján (foto: UMU)
REDACCIÓN. Murcia
El nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), Borja Moreno Buendía,
pide la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera
matrícula, y dejar de ser mano de obra gratis para los empresarios de la
Región.
Borja Moreno, estudiante de Sociología, es desde el pasado miércoles
12 de diciembre el nuevo presidente del CEUM. Fue elegido con 26 votos a
favor y uno en blanco de los delegados de cada Facultad.
Borja Moreno pide más becas o matrícula casi gratis, como en
Andalucía. Y para el presidente del CEUM, es inadmisible mantener
prácticas extracurriculares que se terminan convirtiendo en mano de obra
gratis para empresarios. Acabar con ellas es otro de sus objetivos.
Recibido por el rector Luján
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y
su equipo de gobierno recibió el pasado viernes a la nueva junta
directiva del Consejo de Estudiantes. El acto, que tuvo lugar en la
galería de rectores de la Convalecencia, también sirvió como homenaje y
despedida al equipo saliente.
Borja Moreno Buendía es el nuevo presidente del CEUM, con un mandato de un año y sustituye en el cargo a Francisco Alonso Alcalde.
Durante su intervención, Borja Moreno, estudiante del grado en
Sociología, mostró su disposición a trabajar con el equipo rectoral para
solucionar las cuestiones que preocupan al alumnado.
Por su parte, el rector, que agradeció el trabajo y el tiempo
dedicado a mejorar la Universidad por parte del equipo saliente,
aseguró que la labor del CEUM es muy necesaria “porque los estudiantes
sois la razón de ser de la Universidad y vuestra voz es importante para
ayudar a hacer más grande la institución”. También les pidió que
fomenten entre sus compañeros “el sentimiento de pertenencia a la
Universidad de Murcia”
La junta directiva que acompañará a Borja Moreno en su mandato está formada por: José Miguel Rojo Martínez, secretario general; Irene Martínez Forte, vicepresidenta; Miguel García Lajarín, vicepresidente de Comunicación y Formación, Javier González Balibrea, vicepresidente de Calidad y Ciencias de la Salud; Encarnación Campuzano Ríos, vicepresidenta de Igualdad y Diversidad; Miguel Ángel García García, tesorero.
