Segundas oportunidades

La Región es de las comunidades que más castiga a nuestros universitarios con las segundas matrículas

Un año de muchas elecciones nos ha dejado a todos un instinto “básico” para identificar la batería de medidas que propuso cada partido. Si les digo “revisar el sistema de becas”, “tarjeta sanitaria única”, “elevar el salario mínimo” o “prisión permanente revisable” rápidamente sabrán el partido de la que proviene. ¿Y si digo “ley de Segunda Oportunidad”? ¿Sabrían de qué les hablo? ¿Quién la propuso?

Ciudadanos, el mismo que gobierna en coalición en la Región de Murcia y ostenta las competencias en Universidades, apostó por una Ley de Segunda Oportunidad que garantizara que “las familias, autónomos o empresarios que lo han perdido todo puedan volver a levantarse, sin verse ahogados por unas deudas que nunca podrían llegar a pagar”. Una idea noble pero de aplicación complicada. Imaginen toda la burocracia necesaria que sea garantista y, puestos a pedir, ágil…

Sin embargo no todos estamos reconocidos en esa una segunda oportunidad. Por ejemplo, los estudiantes universitarios. En la Región de Murcia suspender una asignatura supone que, la siguiente vez que te matricules, te costará el doble. Sin duda parece un incentivo para aprobar a la primera. Pero, ¿y las circunstancias sobrevenidas y personales de cada uno? ¿Qué pasa con los estudiantes que deben estudiar y trabajar? Entran en un ciclo de trabajar para pagar los estudios y suspender por no dedicarle tiempo suficiente a estos del que parece imposible salir. Y un nuevo suspenso será más caro aún. ¿Merecen ellos también una segunda oportunidad? ¿No parece suficiente sanción que el sistema de becas no asuma estas segundas matrículas? Estamos precarizando a nuestro estudiantado.

Vamos con las soluciones. La primera de ellas parece evidente: rebajar el coste del precio de la segunda matrícula. ¿Más opciones? La reducción del precio de las asignaturas examinadas en enero en las que no se haya impartido docencia, pagando únicamente una tasa de examen. Ambas opciones ofrecen una segunda oportunidad fácil de aplicar y que beneficiará a muchos estudiantes.

Si preguntamos en la Consejería el objetivo parece ser que nada cambie, aquello que tanto oímos en 2019: “hay ser corresponsables”. Una forma bonita de decir que no, que nada cambiará. Que las promesas se pueden olvidar cuando no interesen o cuando el cargo lo ocupa un “independiente”, una persona distinta de la que en su día se comprometió. Parece una buena ocasión para interpelar al consejero Miguel Motas y a la directora general Josefina León. Ojalá ser corresponsables significara otra cosa. Y, sobre todo, ojalá tener segundas oportunidades.

El congelador

Ni el calor del verano murciano parece descongelar la orden de precios públicos de la Comunidad Autónoma

Publicado en Tribuna libre de La Opinión de Murcia

Escrito por Borja Moreno y Pedro Manuel Toledo

2011 fue un año complejo. A nivel académico se empezaban a implantar los grados universitarios que sustituían a las diplomaturas y licenciaturas. Empezábamos, al parecer, a converger en el Espacio Europeo de Educación Superior. A nivel político, económico y social, la crisis no dejaba indiferente a nadie. Y con ese cuadro de la situación, el Gobierno de la Comunidad autónoma decidió sobrecargar el precio de la educación universitaria en las familias. Concretamente desde el año 2009 hasta el 2013 subió el precio del crédito, año tras año. Cada consejero parecía hacer bueno al anterior.

De los 13,65 euros que costaba, de media, el crédito universitario a los 15,58 euros que cuesta ahora han pasado ocho años. El coste de la matrícula se va engrosando conforme sumas asignaturas y créditos. Cada curso son sesenta créditos. Si hacemos las cuentas una matrícula universitaria cuesta, con precio medio de crédito, 115,80 euros más ahora que en 2011. Si además revisamos, podemos ver que 2009 la tasa de expedición de título costaba 123,98 euros y actualmente cuesta 215 euros. Éste ha aumentado un 75% desde 2009. Es necesario señalar que es imprescindible abonar esa tasa para obtener el título.

En el curso 2014/2015 entra en juego PAS que estrenó la tendencia que se ha seguido hasta ahora: mantener la misma cuantía del curso anterior. Esta feliz ‘frenada’ en el aumento de los precios públicos no duraría mucho. Si bien no ha cambiado el precio del crédito, desde el curso siguiente se subió la tasa de expedición de título de 205,47 euros a 215 euros pasando a ser la segunda tasa más alta entre todas las Comunidades autónomas, por detrás de Cataluña. Así nos hemos mantenido hasta el momento. Nada ha cambiado en la ‘nueva’ orden de precios públicos que saldrá calcada a la del año anterior. Harán caso omiso otra vez de cualquier queja que se le formule antes de llegar a su aprobación en Consejo de Gobierno.

Los estudiantes de las Universidades públicas, en las recientes elecciones, obtuvimos un compromiso firmado por los candidatos de todos los partidos (excepto Vox) de revisar esos precios. El Gobierno actual ha mostrado nula voluntad de modificar esa orden. Ni siquiera un guiño al compromiso adquirido. Hemos hecho los cálculos de lo que costaría. Unos 200.000 euros en un presupuesto de 205 millones. Quizás no quieran hacerlo porque implicaría hacer algo que a esta Comunidad autónoma le cuesta mucho trabajo: dotar de mayor presupuesto a las Universidades públicas. No olvidemos que estas son motor de conocimiento, empleo y riqueza. Habría que replantearse cómo las tratamos.

El mal querer

Publicado en Tribuna libre de La Opinión de Murcia

Casi treinta años han pasado desde que todas las Escuelas de Enfermería de España se integraron en sus respectivas universidades. ¿Todas? Salvo la Escuela de Enfermería de Cartagena. Ya se hace difícil mirar atrás y preguntar qué pasó para que Cartagena fuera la excepción. ¿Es tan difícil este proceso? Doce años han pasado del acuerdo entre la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia para transferir la Escuela de Enfermería de la ciudad portuaria. Y si bien la historia no nos lo aclara, los continuos intentos de aportar algo de cordura a esta situación tampoco han logrado sus frutos. Y es que los estudiantes hemos tenido ‘mala suerte’. Cada vez que la situación parecía encauzarse, sucedía algo.

En 2007, siendo Cobacho rector, se firmaba el convenio que traspasaba la Escuela de una consejería a otra, supuestamente, como paso previo a la integración definitiva en la Universidad de Murcia. Si bien esto sucede, se agota la legislatura sin una solución. En 2011, ni Valcárcel ni Garre lo solucionaron. En 2015, nuevo Gobierno, distintas caras, pero mismo resultado. Se promete la construcción del centro en el patio del antiguo colegio Antonio Arévalo y en esta legislatura la única sorpresa fue el relevo de PAS por López Miras. A día de hoy seguimos sin solución.

Entre cada Gobierno han ido y venido también distintos equipos rectorales. Orihuela se comprometió a dejar el asunto zanjado. Terminó Orihuela y la Escuela sigue allí, en un almacén adaptado del aparcamiento del Hospital del Rosell. Tampoco estaría de más preguntar a Ballesta qué sucedió, durante su paso por el Gobierno regional, para no dar solución a la Escuela de Cartagena. Ahora le toca a Luján ‘achuchar’ al Gobierno regional para no acabar, un curso más, en la incertidumbre.

Y es que parece evidente el mal querer que demostramos hacia la Escuela de Enfermería de Cartagena y hacia sus estudiantes. Estudiantes que, para ir a tutorías, deben ir a despachos de profesores que están a dos kilómetros de su centro (si puede llamarse así). Centenares de diplomados y graduados a los que se les ha prometido año tras año una solución definitiva. Esos estudiantes han terminado y otros han venido.

Y sólo nos queda el lamento de ver que no parece haber nadie en el poder que resuelva este conflicto. Es hora de reconciliarnos con la Escuela de Enfermería de Cartagena y poner solución a esta situación que ha durado ya demasiado.